Si no se realizan, con urgencia, las reformas en el sistema
electoral, los encarcelados César Álvarez Aguilar y Luis Arroyo Rojas, ex
presidente regional de Áncash y ex alcalde de la Municipalidad Provincial del
Santa, respectivamente, podrían participar en el próximo proceso electoral del
2018.
Recordemos que Álvarez y Arrojo, elegidos por el fenecido
movimiento Cuenta Conmigo, lideraron una red criminal y de corrupción en
Chimbote y en la región Ancash, contando con el apoyo de jueces, fiscales,
policías y periodistas que se alinearon a sus intereses políticos y económicos
a cambio de pagos mensuales, viajes, contrato de personal en obras públicas y
otros “beneficios”.
Álvarez y Arroyo, desde hace más de 2 años, cumplen prisión preventiva en el penal Piedras Gordas en Lima, y nada les impide volver a postular a cargos de elección popular, desde la prisión.
Y es que la actual Ley Electoral tiene varios vacíos y
necesita reformas para poder asegurar la elección de autoridades idóneas y
afianzar la democracia en el país; tal como lo viene advirtiendo Transparencia,
organismo de sociedad civil que presentó 11 propuestas de reformas en materia
electoral al Congreso de la República y Poder Ejecutivo, respaldadas con más de
50 000 firmas de ciudadanos de todo el país.
Por ello, Gerardo Távara Castillo, secretario general de
Transparencia, pidió al Congreso de la República, legislar pronto en materia
electoral a fin de que sean aplicables en las Elecciones Municipales y
Regionales 2017; entre ellas "que aquel candidato que no tenga sentencia,
pero si una orden de prisión preventiva sea impedido de postular".
En el Congreso de la República trabaja en este tema un grupo parlamentario, liderado por la congresista Patricia Donayre. "Este grupo ha recogido la propuesta de impedir la candidatura de condenados por delitos de corrupción, pero aún está pendiente que se incluya también a aquellos que tengan prisión preventiva ", declaró Távara, advirtiendo que también debe legislarse en el tema del financiamiento a los partidos, sanciones políticas y topes a lo recaudado en las actividades proselitistas.
Informó que el grupo de reforma electoral del Congreso de la
República deberá enviar su informe a la Comisión de Constitución, antes del
próximo lunes 24 de abril; dicha comisión evaluará el documento y deberá emitir
un dictamen que, de ser aprobado, será elevado para su debate en el pleno del
Congreso.
MIRGAS, 29 DE ABRIL DEL 2017
