La organización delictiva la integrarían 16 personas y en la cúpula
estarían los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo.
Álvarez siempre
negó cualquier relación con los asesinatos de autoridades políticas en su
región. ¿Qué dirá ahora? (F. Valle)
El presidente regional de Ancash, César Álvarez,
encabezaría una organización criminal integrada por 16 personas, según un
informe de la Procuraduría
Anticorrupción, que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción del
Santa desde el último 5 de mayo y al que Perú21 tuvo acceso.
La cúpula estaría conformada por el alcalde del Santa, Luis
Arroyo Rojas; los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo
Espejo; el abogado Rodolfo Orellana Rengifo; el empresario Martín
Belaunde Lossio, y Jorge Burgos Guanilo, encargado de la imagen del titular
ancashino.
La autoridad regional –señala el documento– habría autorizado
“el empleo de sicarios para amedrentar y/o eliminar a sus adversarios
políticos, denunciantes o testigos de los hechos criminales y habría
utilizado a testaferros para ingresar dinero mal habido a la economía (…)
simulando no tener ningún bien registrado a su nombre”.
De igual forma, añade el escrito, “habría dispuesto la
compra de periodistas y el soborno de autoridades policiales, fiscales
y judiciales para garantizar su poder e impunidad”.
En el documento, la Procuraduría solicita a la Fiscalía
Provincial Anticorrupción del Santa que se pronuncie sobre su pedido de
ampliación de la investigación preparatoria del 23 de abril pasado.
Para los abogados del Estado, Álvarez debería ser procesado por
los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, interceptación
telefónica, peculado doloso, cohecho pasivo propio y encubrimiento personal.
LOS DETALLES
El informe señala que esta presunta red criminal habría tenido como objetivo asegurar
la permanencia de Álvarez en el poder (reelección de 2011)“valiéndose
de la organización del gobierno regional para apropiarse y disponer ilegalmente
de fondos públicos y obtener dinero ilícito de las coimas, diezmos y demás
actos de corrupción vinculados a millonarias obras públicas”.
Agrega que el objetivo de esta organización, que operaría desde
el año 2009, habría sido
cometer actos de corrupción a través del cobro de dinero a empresarios que
postulaban a licitaciones de millonarias obras públicas.
“Parte de ese dinero habría sido destinado para comprar líneas
editoriales de medios de comunicación locales a los que se suministraba de
información, incluso obtenida por medio de intercepciones telefónicas, con
el objetivo de desprestigiar a los opositores de la gestión del presidente
regional y para sobornar a autoridades vinculadas al sistema de administración
de justicia como policías, fiscales y jueces, quienes habrían tenido como rol
impedir, obstaculizar y archivar las investigaciones o procesos judiciales
contra los miembros de la ‘mafia’”, se indica.
La hipótesis incriminatoria señala que, para cometer los
presuntos actos ilícitos,
la organización criminal procuraba contar con un soporte político, mediático,
judicial y coactivo, representado por congresistas,
alcaldes, dueños de medios de comunicación, periodistas, policías, auxiliares
jurisdiccionales, fiscales y jueces, seudodirigentes sindicales y sicarios, a
efectos de garantizar impunidad por las vías del soborno, amedrentamiento o el
asesinato de opositores.
Además, menciona que esta organización habría contado con
testaferros (familiares, empleados o personal de confianza).
VÍNCULOS CON SICARIOS
El documento detalla que la
red ilícita también tendría vínculos con sicarios que servirían para amedrentar
y asesinar a sus opositores políticos o a quien se
atreviera a denunciar o testificar los actos delincuenciales de la organización
y que, finalmente, se habría valido de cómplices para ingresar el dinero mal
habido a la economía a través de depósitos de dinero en cuentas bancarias y
adquisición de bienes muebles e inmuebles.
‘LA CENTRALITA’
El escrito también hace mención a ‘La
Centralita’, que habría sido un lugar que servía a la organización criminal
como un sitio de ‘chuponeo’ telefónico y de operaciones
para coordinar, diseñar y ejecutar las acciones ilícitas destinadas a la
permanencia, protección y/o reforzamiento del poder de Álvarez.
Específicamente, este local habría servido para sostener
reuniones y coordinar la línea editorial de determinados periodistas de medios
televisivos y radiales locales, con
la finalidad de exaltar la imagen del presidente regional y desprestigiar a las
personas que cuestionen su labor.
La Procuraduría consideró el testimonio de
Juan Carlos Barrios Ávalos (presunto ex colaborador en ‘La Centralita’). “(…) Creo que al
último que seguimos fue a unos empresarios que llegaron a Chimbote, que iban a
declarar en contra del doctor Heriberto Benítez en tiempo de campaña. Me
acuerdo que llegó la orden de Heriberto. ‘Saben qué, sigan a esa gente’, los
seguimos en un carro chico. Llegamos a canal 41 y nos dimos (cuenta) de que
había dos camionetas y nuestro tema era seguirlos y verlos… dónde se hospedaban
y cuándo se iban a retirar, ya el presidente regional (dijo): ‘Sabes qué, intervén
a esa gente, hay que atentar contra ellos’”.
Y agregó: “Benítez
y Álvarez tienen gente, tienen delincuentes de alto vuelo… porque ya no es la
primera vez, ya tenemos un atentado contra el hijo del
señor Nolasco, que también todo fue planeado, porque inclusive a mí me
presentaron al cabecilla de eso…”.
REACCIONES
Consultado por Perú21, Heriberto Benítez negó
tajantemente formar parte de una organización criminal. “El procurador Christian Salas está
realizando una acusación gravísima y falsa que tendrá que demostrar; de
lo contrario, tomaré acciones legales en su contra. Los funcionarios de la
Procuraduría están desesperados porque no encuentran ningún acto delictivo y
están acusándonos de cualquier delito. Nunca he entregado información ilícita a
nadie ni he sacado provecho de mi cargo de congresista. No he cometido ningún
acto irregular”, enfatizó el parlamentario.
Este diario llamó insistentemente al congresista Crisólogo para
conocer su respuesta a estas imputaciones, pero no respondió. Voceros de
Álvarez dijeron aPerú21 que,
por ahora, no dará declaraciones. En tanto, el jefe de prensa del alcalde del
Santa, Jhon Honorio, indicó que el burgomaestre no se encuentra en su despacho
y es imposible ubicarlo porque constantemente cambia de número telefónico.
PODRÍAN SEPARAR A BENÍTEZ
La situación de Benítez es complicada también en su bancada. El vocero de
Solidaridad Nacional (SN), Gustavo Rondón, anunció que evalúan la posible separación del
congresista luego de que la Comisión de Ética acordara abrirle investigación
por ‘La Centralita’.
“Al inicio no faltaron ganas de separarlo
por la defensa abierta que hizo de Álvarez, pero fuimos
ecuánimes y consideramos que no se le había probado nada y hubiéramos hecho mal
en separarlo entonces. Sin embargo, ahora Ética consideró abrirle una
investigación y vamos a valorar este nuevo escenario”, expresó.
Añadió que no blindarán a Benítez y abogó porque se investigue “hasta las
últimas consecuencias”.
TENGA EN CUENTA
- La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa,
Nancy Moreno, informó que las rotaciones de fiscales dispuestas por el ex
fiscal José Peláez, a dos días de dejar su cargo, no forman parte de la
propuesta que ella entregó.
- Moreno dijo al Diario Chimbote que propuso el cambio
provisional, pero en las resoluciones publicadas en El Peruano solo se hace
mención a rotaciones de fiscales titulares.
- “No se trata de la relación que enviamos a Lima la semana
pasada, en la que se ha recomendado a un grupo de profesionales para que asuman
algunas fiscalías provinciales”, sostuvo.
CASO NOLASCO
- Linda del Valle, abogada de Fiorella Nolasco, pidió a la
Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito judicial de Huara que
investigue el asesinato del ex consejero Ezequiel Nolasco, las declaraciones
del presidente regional César Álvarez y del alcalde Luis Arroyo.
- También de los asesores del presidente regional de Áncash,
Jorge Burgos y José Carmen Ramos, y al prófugo sicario Rubén Moreno Olivo,
‘Goro’.
- El objetivo de estas diligencias es conocer dónde se
encontraban el día del asesinato y cuál era su relación con la víctima.
- Del Valle solicitó el levantamiento del secreto de las
comunicaciones en un radio de 15 cuadras a la redonda del lugar del asesinato
de Nolasco, doce horas antes y doce horas después del crimen.
- La abogada señaló que aún no hay ningún avance de su pedido.
Mirgas, 14 de
mayo del 2014
